Desentrañando Colombia
La búsqueda de Luz
En un país con cuarenta y cinco millones de habitantes, casi tres millones de desplazados y 38.000 desaparecidos en las cuatro décadas de conflicto que lleva sufriendo es difícil encontrar a alguien que no tenga alguna víctima entre sus allegados. Y muy fácil encontrar a familias enteras que han sufrido el azote despiadado de la [...][+] info
III Confesiones de un ex paramilitar: los falsos positivos y los vínculos con el Ejército
En un país con cuarenta y cinco millones de habitantes, casi tres millones de desplazados y 38.000 desaparecidos en las cuatro décadas de conflicto que lleva sufriendo es difícil encontrar a alguien que no tenga alguna víctima entre sus allegados. Y muy fácil encontrar a familias enteras que han sufrido el azote despiadado de la [...][+] info
III Confesiones de un ex paramilitar: los falsos positivos y los vínculos con el Ejército
Patricia Simón
Una semana antes de la investidura presidencial de Barack Obama, el entonces presidente de Estados Unidos George Bush entregaba la Medalla Presidencial de la Libertad a su homólogo colombiano Álvaro Uribe por “su compromiso con la libertad, la democracia y las reglas de derecho” así como por haber hecho de”Colombia un modelo de país que busca la reconciliación y el establecimiento de una sociedad basada en el respeto de la dignidad humana”. Junto a Álvaro Uribe, recibían también estas medallas los en aquel entonces presidentes de Gran Bretaña, Tony Blair, y de Australia, John Howard, quienes habían participado en la invasión de Irak, así como en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Sin embargo, la fecha no sólo es significativa por marcar la despedida internacional de George Bush como presidente sino porque la ceremonia tenía lugar seis días después de la desclasificación de documentos de la CIA que demostraban que Estados Unidos tenía constancia de los vínculos entre los paramilitares y el Ejército, así como de la práctica de los falsos positivos en Colombia desde 1990.
Este año, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Thomas McNamara, alerta sobre el aumento de violaciones de derechos humanos por parte del ejército y llega a cuestionar la versión de los militares que declararon haber matado a nueve guerrilleros en combate. “La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza (…) que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidiera con las heridas de los cuerpos de las víctimas…”, se lee en el documento desclasificado.También avisaba de que los recientes crímenes cometidos por el Ejército ocurrieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas”.
Cuatro años más tarde, el entonces embajador Myles Frechette coincidía en esta versión de los hechos(PDF) y aludía al “body count”, es decir, al número de bajas como una forma por la que los militares buscaban el ascenso. El funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada apuntaba que “oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectoria de agresiva actividad anti-guerrillera quedan en desventaja a la hora de los ascensos”. Y los documentos desclasificados siguen constantando esta realidad ya en la década de los 90.Sin embargo, ha sido a partir del 2000 cuando han aparecido más pruebas sobre los vínculos entre los paramilitares y el Ejército, sobre todo a partir de las declaraciones de los jefes paramilitares desmovilizados.
Una semana antes de la investidura presidencial de Barack Obama, el entonces presidente de Estados Unidos George Bush entregaba la Medalla Presidencial de la Libertad a su homólogo colombiano Álvaro Uribe por “su compromiso con la libertad, la democracia y las reglas de derecho” así como por haber hecho de”Colombia un modelo de país que busca la reconciliación y el establecimiento de una sociedad basada en el respeto de la dignidad humana”. Junto a Álvaro Uribe, recibían también estas medallas los en aquel entonces presidentes de Gran Bretaña, Tony Blair, y de Australia, John Howard, quienes habían participado en la invasión de Irak, así como en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Sin embargo, la fecha no sólo es significativa por marcar la despedida internacional de George Bush como presidente sino porque la ceremonia tenía lugar seis días después de la desclasificación de documentos de la CIA que demostraban que Estados Unidos tenía constancia de los vínculos entre los paramilitares y el Ejército, así como de la práctica de los falsos positivos en Colombia desde 1990.
Este año, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Thomas McNamara, alerta sobre el aumento de violaciones de derechos humanos por parte del ejército y llega a cuestionar la versión de los militares que declararon haber matado a nueve guerrilleros en combate. “La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza (…) que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidiera con las heridas de los cuerpos de las víctimas…”, se lee en el documento desclasificado.También avisaba de que los recientes crímenes cometidos por el Ejército ocurrieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas”.
Cuatro años más tarde, el entonces embajador Myles Frechette coincidía en esta versión de los hechos(PDF) y aludía al “body count”, es decir, al número de bajas como una forma por la que los militares buscaban el ascenso. El funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada apuntaba que “oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectoria de agresiva actividad anti-guerrillera quedan en desventaja a la hora de los ascensos”. Y los documentos desclasificados siguen constantando esta realidad ya en la década de los 90.Sin embargo, ha sido a partir del 2000 cuando han aparecido más pruebas sobre los vínculos entre los paramilitares y el Ejército, sobre todo a partir de las declaraciones de los jefes paramilitares desmovilizados.
Vínculos entre el Ejército y los paramilitares
Operativo militar en la selva de Antioquia para localizar fosas de los paramilitares (Javier Bauluz / Periodismohumano)
La estrecha colaboración entre sectores del Ejército y grupos de paramilitares está en el mismo génesis de este fenómeno como vimos en el primer capítulo de Desentrañar Colombia. Sólo en este último mes de mayo, once jefes de los paramilitares entregaron una lista de veinte oficiales y suboficiales de la Policía, generales, comandantes y otros rangos del Ejército, así como agentes de la Agencia de seguridad colombiana, llamada DAS, que ayudaban a las autodefensas en los departamentos de Mare y Casanare. Según estos testimonios, les pagaban más de 200 millones de pesos (unos 85.000 euros) al mes a estos miembros de las Fuerzas Públicas para asegurar su complicidad, y no precisamente para combatir a la guerrilla, sino para facilitar el negocio de la cocaína, compra de armas, la extorsión para facilitar la entrega de las tierras por parte de sus propietarios a multinacionales, convirtiéndolos en desplazados, así como la desaparición de guerrilleros, líderes comunitarios, periodistas o defensores de derechos humanos.Así lo explica el ex paramilitar Manuel Ramírez ‘Mocho’ en el video cuando alude a cómo la comandancia de la policía “a cada rato me llamaba al comando, vea, aquí está esta lista para sacar (matar) gente de aquí del pueblo”.
Las reuniones entre altos mandos castrenses y paramilitares están documentadas. Los años de mayor colaboración entre ambos tuvieron lugar entre 1997 y 2002, la llamada etapa de expansión del paramilitarismo, en la que los grupos de extrema derecha se unen bajo la bandera de las Autodefensas Unidas de Colombia, uniendo sus programas con vistas a lograr un espacio para la negociación con el Estado como actor político. Quieren hacerse con las zonas controladas por la guerrilla y donde tienen sus fuentes de financiación gracias al narcotráfico y comienzan contra la población civil, puesto que en gran medida, los enfrentamientos entra estos grupos armados se dan en el seno de las poblaciones. Son los años más sangrantes en número de víctimas civiles. El ejército y la policía se alía en muchos casos con los paramilitares bien sea para conseguir réditos de sus sangrientos combates con la guerrilla o bien movidos por los réditos económicos que les suponían el apoyo a las AUC.
Pese a que se han abierto muchas investigaciones sobre estos hechos, y que la Fiscalía tiene constancia de al menos 120 oficiales del Ejército y una docena de generales implicados en crímenes cometidos con los paramilitares, hasta ahora, los pocos militares juzgados y condenados pertenecían a los rangos medios y bajos. Pero, en noviembre de 2009, el general Jaime Humberto Uscátegui fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Durante cinco días, paramilitares de todo el país arrasaron con la población de este municipio del departamento de Mate, mientras el gobierno, la Fiscalía, el Comité de la Cruz Roja y el Ejército eran conscientes de los crímenes. En el lugar de los hechos estaban presentes militares y polícía antinarcóticos colombianos y estadounidenses. Ninguno de estos cuerpos hizo nada. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia (PDF) por estos crímenes e instó a que se investigasen los hechos y condenase a los responsables. Esta condena histórica por tratarse de la primera vez que la Justicia ordinaria juzga y condena a una alta sanción a un alto oficial por violaciones de derechos humanos, muestra una nueva jurisdicción que está siendo liderada por valientes jueces que a cambio tienen que enfrentarse a amenazas a su vida y a una vida condenada a férreas medidas de seguridad. Una sentencia que según altos mandos del Ejército han sido definidas como parte de la “guerra jurídica” de las Farc, de unas ONG que buscan dinero o de los enemigos del gobierno.Estos son sólo ejemplos de la connivencia, en algunos casos, y colaboración en muchos otros en la que han trabajado las Fuerzas Públicas y los paramilitares durante las dos últimas décadas.
Los ‘falsos positivos’
A finales de 2008, la comunidad internacional se escandalizó ante las evidencias de que el Ejército llevaba años contabilizando bajas en combate contra las guerrillas que en realidad se trataban de hombres pobres a los que vestían con uniformes y mataban para conseguir méritos en la carrera militar. Se acababan de descubrir los cadáveres de diecinueve civiles de la localidad de Soacha y Ciudad Bolívar aparecidos como bajas en combate en el Norte de Santander. Las madres de Soacha, un grupo de valientes mujeres familiares de estás víctimas, que ha roto la ley del miedo, son en gran medida las responsables de que Estados Unidos y Europa no puedan decir que no lo sabían. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados casi mil casos vinculados con lo que se han llamado “falsos positivos” y que en Derecho Humanitario Internacional son ejecuciones extrajudiciales.
Según las organizaciones de derechos humanos podrían ser muchos más que dos mil.Todas las declaraciones sobre falsos positivos coinciden en que son jóvenes pobres, a los que suelen ofrecerles trabajo engañados, o a los que invitan a bares o prostíbulos donde los emborrachan hasta hacerles perder casi la conciencia. Y después, cuando ya los tienen aislados, les ponen un uniforme, un arma y los matan.Uno de estos casos es el que tuvo lugar en el departamento de Meta, donde la Fiscalía calcula que entre 2002 y 2004 el Ejército recibió más de 100 personas vivas que después presentó como muertos en combate. Luis Alex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’, jefe de uno de los grupos de las AUC que actuaba en la región explicaba recientemente que “los militares le mostraban resultados a sus superiores así, pero además podían bajar la presión sobre nosotros gracias estos supuestos positivos”.Porque estas ejecuciones extrajudiciales pretenden presentar tanto a guerrilleros como a paramilitares caídos en combate. En este segundo caso, suelen ser los propios jefes paramilitares los que ofrecen a los más débiles o a los que quieren castigar de su propio grupo. Como explica el ex paramilitar Manuel Ramírez ‘Mocho’ en el video “Hay una lista de ocho o diez manes (paramilitares) que eran malos o infiltrados,pues cogían a los manes y los amarraban, cogían los fusiles más malos que había, y (los militares) se los llevaban con ellos y hacían un operativo con ellos como ‘que hemos dado de baja a no sé cuántos` y los fusiles que se llevaban los traían pero nuevos”.
Como hemos visto, los militares juzgados por colaboración con los paramilitares o por ‘falsos positivos’ son muy pocos y no hay cifras exactas disponibles. Además, el Fuero Militar, que restringe la acción judicial de estos casos a los tribunales militares, ha facilitado que la mayoría de estos casos no hayan sido juzgados. Y ante la reciente sentencia a 30 años de prisión impuesta al coronel Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada de varias personas en noviembre de 1985, tras la toma del Palacio de Justicia ocupado por la guerrilla M-19, ha abierto una nueva brecha entre los grupos de derechos humanos y el presidente Uribe. Éste último ha expresado una “profunda tristeza” por esta condena y ha declarado que “nosotros vamos a tener que pensar en un proyecto de ley para evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia” porque considera que una cosa es la defensa de los derechos humanos y otra el maltrato a las Fuerzas Públicas.(Más Información)
La estrecha colaboración entre sectores del Ejército y grupos de paramilitares está en el mismo génesis de este fenómeno como vimos en el primer capítulo de Desentrañar Colombia. Sólo en este último mes de mayo, once jefes de los paramilitares entregaron una lista de veinte oficiales y suboficiales de la Policía, generales, comandantes y otros rangos del Ejército, así como agentes de la Agencia de seguridad colombiana, llamada DAS, que ayudaban a las autodefensas en los departamentos de Mare y Casanare. Según estos testimonios, les pagaban más de 200 millones de pesos (unos 85.000 euros) al mes a estos miembros de las Fuerzas Públicas para asegurar su complicidad, y no precisamente para combatir a la guerrilla, sino para facilitar el negocio de la cocaína, compra de armas, la extorsión para facilitar la entrega de las tierras por parte de sus propietarios a multinacionales, convirtiéndolos en desplazados, así como la desaparición de guerrilleros, líderes comunitarios, periodistas o defensores de derechos humanos.Así lo explica el ex paramilitar Manuel Ramírez ‘Mocho’ en el video cuando alude a cómo la comandancia de la policía “a cada rato me llamaba al comando, vea, aquí está esta lista para sacar (matar) gente de aquí del pueblo”.
Las reuniones entre altos mandos castrenses y paramilitares están documentadas. Los años de mayor colaboración entre ambos tuvieron lugar entre 1997 y 2002, la llamada etapa de expansión del paramilitarismo, en la que los grupos de extrema derecha se unen bajo la bandera de las Autodefensas Unidas de Colombia, uniendo sus programas con vistas a lograr un espacio para la negociación con el Estado como actor político. Quieren hacerse con las zonas controladas por la guerrilla y donde tienen sus fuentes de financiación gracias al narcotráfico y comienzan contra la población civil, puesto que en gran medida, los enfrentamientos entra estos grupos armados se dan en el seno de las poblaciones. Son los años más sangrantes en número de víctimas civiles. El ejército y la policía se alía en muchos casos con los paramilitares bien sea para conseguir réditos de sus sangrientos combates con la guerrilla o bien movidos por los réditos económicos que les suponían el apoyo a las AUC.
Pese a que se han abierto muchas investigaciones sobre estos hechos, y que la Fiscalía tiene constancia de al menos 120 oficiales del Ejército y una docena de generales implicados en crímenes cometidos con los paramilitares, hasta ahora, los pocos militares juzgados y condenados pertenecían a los rangos medios y bajos. Pero, en noviembre de 2009, el general Jaime Humberto Uscátegui fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Durante cinco días, paramilitares de todo el país arrasaron con la población de este municipio del departamento de Mate, mientras el gobierno, la Fiscalía, el Comité de la Cruz Roja y el Ejército eran conscientes de los crímenes. En el lugar de los hechos estaban presentes militares y polícía antinarcóticos colombianos y estadounidenses. Ninguno de estos cuerpos hizo nada. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia (PDF) por estos crímenes e instó a que se investigasen los hechos y condenase a los responsables. Esta condena histórica por tratarse de la primera vez que la Justicia ordinaria juzga y condena a una alta sanción a un alto oficial por violaciones de derechos humanos, muestra una nueva jurisdicción que está siendo liderada por valientes jueces que a cambio tienen que enfrentarse a amenazas a su vida y a una vida condenada a férreas medidas de seguridad. Una sentencia que según altos mandos del Ejército han sido definidas como parte de la “guerra jurídica” de las Farc, de unas ONG que buscan dinero o de los enemigos del gobierno.Estos son sólo ejemplos de la connivencia, en algunos casos, y colaboración en muchos otros en la que han trabajado las Fuerzas Públicas y los paramilitares durante las dos últimas décadas.
Los ‘falsos positivos’
A finales de 2008, la comunidad internacional se escandalizó ante las evidencias de que el Ejército llevaba años contabilizando bajas en combate contra las guerrillas que en realidad se trataban de hombres pobres a los que vestían con uniformes y mataban para conseguir méritos en la carrera militar. Se acababan de descubrir los cadáveres de diecinueve civiles de la localidad de Soacha y Ciudad Bolívar aparecidos como bajas en combate en el Norte de Santander. Las madres de Soacha, un grupo de valientes mujeres familiares de estás víctimas, que ha roto la ley del miedo, son en gran medida las responsables de que Estados Unidos y Europa no puedan decir que no lo sabían. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados casi mil casos vinculados con lo que se han llamado “falsos positivos” y que en Derecho Humanitario Internacional son ejecuciones extrajudiciales.
Según las organizaciones de derechos humanos podrían ser muchos más que dos mil.Todas las declaraciones sobre falsos positivos coinciden en que son jóvenes pobres, a los que suelen ofrecerles trabajo engañados, o a los que invitan a bares o prostíbulos donde los emborrachan hasta hacerles perder casi la conciencia. Y después, cuando ya los tienen aislados, les ponen un uniforme, un arma y los matan.Uno de estos casos es el que tuvo lugar en el departamento de Meta, donde la Fiscalía calcula que entre 2002 y 2004 el Ejército recibió más de 100 personas vivas que después presentó como muertos en combate. Luis Alex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’, jefe de uno de los grupos de las AUC que actuaba en la región explicaba recientemente que “los militares le mostraban resultados a sus superiores así, pero además podían bajar la presión sobre nosotros gracias estos supuestos positivos”.Porque estas ejecuciones extrajudiciales pretenden presentar tanto a guerrilleros como a paramilitares caídos en combate. En este segundo caso, suelen ser los propios jefes paramilitares los que ofrecen a los más débiles o a los que quieren castigar de su propio grupo. Como explica el ex paramilitar Manuel Ramírez ‘Mocho’ en el video “Hay una lista de ocho o diez manes (paramilitares) que eran malos o infiltrados,pues cogían a los manes y los amarraban, cogían los fusiles más malos que había, y (los militares) se los llevaban con ellos y hacían un operativo con ellos como ‘que hemos dado de baja a no sé cuántos` y los fusiles que se llevaban los traían pero nuevos”.
Como hemos visto, los militares juzgados por colaboración con los paramilitares o por ‘falsos positivos’ son muy pocos y no hay cifras exactas disponibles. Además, el Fuero Militar, que restringe la acción judicial de estos casos a los tribunales militares, ha facilitado que la mayoría de estos casos no hayan sido juzgados. Y ante la reciente sentencia a 30 años de prisión impuesta al coronel Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada de varias personas en noviembre de 1985, tras la toma del Palacio de Justicia ocupado por la guerrilla M-19, ha abierto una nueva brecha entre los grupos de derechos humanos y el presidente Uribe. Éste último ha expresado una “profunda tristeza” por esta condena y ha declarado que “nosotros vamos a tener que pensar en un proyecto de ley para evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia” porque considera que una cosa es la defensa de los derechos humanos y otra el maltrato a las Fuerzas Públicas.(Más Información)
Por el estado de abandono de sus salas, nadie sospecharía que el edificio en el que nos encontramos fue en su día la residencia del narcotraficante más poderoso del mundo y que llegó a convertirse en senador suplente del parlamento colombiano: Pablo Escobar. El Edificio Mónaco, una construcción de ocho plantas, situado estratégicamente para tener una visión completa del Valle del Aburrá, que acoge a la ciudad de Medellín, desde donde se vislumbran las chabolas donde viven miles de desplazados que tuvieron que abandonar sus tierras y hogares en el interior del país para salvar sus vidas de la criminal voracidad de los grupos armados del país.
El edificio, más parecido a un búnker que al palacete que las excéntricas historias sobre el narcotraficante harían esperar, ha sido aprovechado por el Estado colombiano para reconvertirlo en la sede administrativa de la Fiscalía del departamento de Antioquia, cuya capital, Medellín, es la segunda ciudad más importante por población y economía del país después de Bogotá. Entre paredes desconchadas y mesas de oficina que han vivido sucesivos traslados, trabajan unos setenta empleados públicos que entre otras tareas, gestionan la puesta en práctica de la Ley Justicia y Paz con la que ,según el gobierno de Álvaro Uribe, se busca acabar con el fenómeno del paramilitarismo y la reparación de las víctimas. Una de las personas que se ha beneficiado de esta ley ha sido Manuel Adam Ramírez, apodado “Mocho”, un paramilitar desmovilizado, término aplicado para aquellos militares que colaboran con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes y a cambio reciben disminución en las penas, en los pocos casos en los que son condenados a prisión, y ayuda económica. Manuel colabora ahora con la Fiscalía localizando fosas de desaparecidos por los paramilitares.
Desentrañar Colombia comienza con Confesiones de un ex paramilitar, una serie de tres capítulos en la que conoceremos el fenómeno paramilitar en Colombia a raíz del testimonio de Manuel Adam Ramírez y de reportajes escritos.
El edificio, más parecido a un búnker que al palacete que las excéntricas historias sobre el narcotraficante harían esperar, ha sido aprovechado por el Estado colombiano para reconvertirlo en la sede administrativa de la Fiscalía del departamento de Antioquia, cuya capital, Medellín, es la segunda ciudad más importante por población y economía del país después de Bogotá. Entre paredes desconchadas y mesas de oficina que han vivido sucesivos traslados, trabajan unos setenta empleados públicos que entre otras tareas, gestionan la puesta en práctica de la Ley Justicia y Paz con la que ,según el gobierno de Álvaro Uribe, se busca acabar con el fenómeno del paramilitarismo y la reparación de las víctimas. Una de las personas que se ha beneficiado de esta ley ha sido Manuel Adam Ramírez, apodado “Mocho”, un paramilitar desmovilizado, término aplicado para aquellos militares que colaboran con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes y a cambio reciben disminución en las penas, en los pocos casos en los que son condenados a prisión, y ayuda económica. Manuel colabora ahora con la Fiscalía localizando fosas de desaparecidos por los paramilitares.
Desentrañar Colombia comienza con Confesiones de un ex paramilitar, una serie de tres capítulos en la que conoceremos el fenómeno paramilitar en Colombia a raíz del testimonio de Manuel Adam Ramírez y de reportajes escritos.
Un paramilitar desmovilizado busca fosas asesinadas por él y su grupo junto a un puesto paramilitar en zona controlada por las FARC en Antioquia. Acompaña a miembros de la Fiscalía para beneficiarse del proceso Justicia y Paz. (Javier Bauluz / Periodismohumano)
La verdad extraditada: el fenómeno paramilitar en Colombia
El pasado 25 de Mayo, Álvaro Uribe se reunía con la Corte Suprema de Justicia para discutir lo que en palabras del Presidente es “una cuestión de Estado y de orden público, no sólo de justicia”.
La reunión, a petición del Gobierno, tenía como objetivo cuestionar la negativa del alto tribunal –calificada de dañina- de avalar la extradición de “Diego Vecina”, “El Alemán” y “Don Mario”, antiguos jefes paramilitares reclamados por Estados Unidos por narcotráfico y financiación al terrorismo. Para el tribunal, los jefes paramilitares acusados de cometer delitos de lesa humanidad, deben comparecer primero ante las autoridades nacionales y reparar a las víctimas de sus crímenes.
En Marzo de 2009, Miguel Mejías, alias el “Mellizo” y Ever Veloza, alias “HH”, jefes de las autodefensas “Bloque Bananeros” y “Bloque Calima”, se sumaban a la lista de 14 jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico en Mayo de 2008. Entre los extraditados de los llamados “escuadrones de la muerte” se hallaban importantes líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, alias “Triple Cero”; Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; o Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; responsables de masacres contra la población civil, desplazamientos forzados, torturas y desapariciones forzadas. Mientras que el presidente Uribe siempre ha mantenido que “nada impedirá a los ciudadanos extraditados que sigan confesando crímenes y entregando bienes”, lo cierto es que esta práctica dilata y obstruye las investigaciones y complica el fin de un proceso de desmovilización que ha permitido el hallazgo de más de 1.300 cadáveres en fosas comunes y el establecimiento de nexos entre paramilitares, políticos, empresarios y militares.
La extradición de los jefes de las Autodefensas representa el mayor obstáculo al que se enfrenta el proceso de “Justicia y Paz” con el que se busca la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los grupos paramilitares. Los datos son esclarecedores: desde su extradición hace dos años, tan sólo seis jefes han continuado su proceso judicial en Justicia y Paz.
Este proceso, amparado bajo la Ley 975 de 2005 impulsada por el Ejecutivo, ofreció un respaldo legal a las negociaciones alcanzadas en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito de 2003 entre el Gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo fin era el de lograr la desmovilización de estos grupos armados al margen de la ley. Esta ley fue criticada por las organizaciones de víctimas y familiares de éstas, así como por las Naciones Unidas, por las bajas condenas a los paramilitares y por no requerir una confesión total sino lo que se ha llamado “versiones libres”, o declaraciones parciales, que según este organismo dificulta el desmantelamiento del fenómeno y la reparación de las víctimas.
Algunas de estas “versiones libres” ofrecidas por los líderes paramilitares han sido relevantes para el esclarecimiento de numerosos crímenes cometidos por los bloques de autodefensa. Las “versiones libres” prestadas por uno de los principales jefes de las AUC, Salvatore Mancuso, fueron cruciales para la apertura el 7 de Diciembre de 2006 del “expediente madre” de parapolítica, el cual contiene testimonios que relacionan a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y otros funcionarios públicos con los grupos paramilitares. Entre los señalados por Mancuso se encuentran el actual presidente Uribe, a quien afirma haber apoyado durante su campaña presidencial en 2002 y el candidato presidencial Juan Manuel Santos, quien según el ex jefe paramilitar, le propuso crear un grupo paramilitar en Bogotá.
El pasado 25 de Mayo, Álvaro Uribe se reunía con la Corte Suprema de Justicia para discutir lo que en palabras del Presidente es “una cuestión de Estado y de orden público, no sólo de justicia”.
La reunión, a petición del Gobierno, tenía como objetivo cuestionar la negativa del alto tribunal –calificada de dañina- de avalar la extradición de “Diego Vecina”, “El Alemán” y “Don Mario”, antiguos jefes paramilitares reclamados por Estados Unidos por narcotráfico y financiación al terrorismo. Para el tribunal, los jefes paramilitares acusados de cometer delitos de lesa humanidad, deben comparecer primero ante las autoridades nacionales y reparar a las víctimas de sus crímenes.
En Marzo de 2009, Miguel Mejías, alias el “Mellizo” y Ever Veloza, alias “HH”, jefes de las autodefensas “Bloque Bananeros” y “Bloque Calima”, se sumaban a la lista de 14 jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico en Mayo de 2008. Entre los extraditados de los llamados “escuadrones de la muerte” se hallaban importantes líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, alias “Triple Cero”; Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; o Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; responsables de masacres contra la población civil, desplazamientos forzados, torturas y desapariciones forzadas. Mientras que el presidente Uribe siempre ha mantenido que “nada impedirá a los ciudadanos extraditados que sigan confesando crímenes y entregando bienes”, lo cierto es que esta práctica dilata y obstruye las investigaciones y complica el fin de un proceso de desmovilización que ha permitido el hallazgo de más de 1.300 cadáveres en fosas comunes y el establecimiento de nexos entre paramilitares, políticos, empresarios y militares.
La extradición de los jefes de las Autodefensas representa el mayor obstáculo al que se enfrenta el proceso de “Justicia y Paz” con el que se busca la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los grupos paramilitares. Los datos son esclarecedores: desde su extradición hace dos años, tan sólo seis jefes han continuado su proceso judicial en Justicia y Paz.
Este proceso, amparado bajo la Ley 975 de 2005 impulsada por el Ejecutivo, ofreció un respaldo legal a las negociaciones alcanzadas en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito de 2003 entre el Gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo fin era el de lograr la desmovilización de estos grupos armados al margen de la ley. Esta ley fue criticada por las organizaciones de víctimas y familiares de éstas, así como por las Naciones Unidas, por las bajas condenas a los paramilitares y por no requerir una confesión total sino lo que se ha llamado “versiones libres”, o declaraciones parciales, que según este organismo dificulta el desmantelamiento del fenómeno y la reparación de las víctimas.
Algunas de estas “versiones libres” ofrecidas por los líderes paramilitares han sido relevantes para el esclarecimiento de numerosos crímenes cometidos por los bloques de autodefensa. Las “versiones libres” prestadas por uno de los principales jefes de las AUC, Salvatore Mancuso, fueron cruciales para la apertura el 7 de Diciembre de 2006 del “expediente madre” de parapolítica, el cual contiene testimonios que relacionan a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y otros funcionarios públicos con los grupos paramilitares. Entre los señalados por Mancuso se encuentran el actual presidente Uribe, a quien afirma haber apoyado durante su campaña presidencial en 2002 y el candidato presidencial Juan Manuel Santos, quien según el ex jefe paramilitar, le propuso crear un grupo paramilitar en Bogotá.
Miembros de la Fiscalía acompañados por más de cien soldados acompañan a un paramilitar a localizar fosas en zona controlada por las FARC en Antioquia (Javier Bauluz /Periodismohumano)
La legalización de un nuevo concepto de seguridad privada
Podríamos situar los orígenes de las Autodefensas en la doctrina de contrainsurgencia lanzada en los años 1960 por el Presidente norteamericano J. F. Kennedy, destinada a combatir en América Latina cualquier amenaza revolucionaria de inspiración cubana. Por aquel entonces, en 1966 nacían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una asociación armada de campesinos liberales cuyo fin era oponer resistencia a la violenta represión de los escuadrones de la muerte conservadores durante el gobierno de Laureano Gómez. Las bases legales de la participación de civiles en actividades de contrainsurgencia las pondrá el presidente Guillermo León Valencia, quien mediante el Decreto 3398 de 1965, legaliza temporalmente el suministro de armas a civiles por parte del Ministerio de Defensa. Dicho decreto se convertiría en permanente bajo el gobierno de Carlos Lleras, quien en 1968 promulga la Ley 48 que facultaba la creación de patrullas civiles y el suministro de “armas de uso privativo de las fuerzas armadas”. Pese a que la Corte Suprema declaró esta ley inconstitucional en 1989, estos grupos de autodefensa siguieron gozando de un apoyo generalizado por parte de políticos y de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Pronto, estos grupos paramilitares evolucionaron desde una estrategia de contrainsurgencia inicial a una lucha por intereses de mayor rango, estableciendo nexos de unión con narcotraficantes, élites regionales, terratenientes, grandes empresarios, multinacionales y políticos locales, opositores férreos a toda posible negociación y redistribución de tierras y poder con insurgentes y liberales. Su objetivo por tanto no se limitaba a protegerse de las FARC sino a eliminar toda persona que confrontara sus intereses, incluyendo congresistas, alcaldes, jueces, periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de derechos humanos.
Durante el gobierno de César Gaviria, el movimiento paramilitar recibe un importante impulso. En febrero de 1994, se adopta la ley 356 que autoriza la formación de organizaciones armadas destinadas a actividades de vigilancia e inteligencia, llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, CONVIVIR. Este proyecto de “seguridad privada” fue promovido por el entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, el hoy todavía presidente de la República de Colombia.
Será a finales de los años 1990 cuando los grupos armados de autodefensa comiencen a adoptar una estructura y organización común. La centralización política y militar se logró mediante la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a finales de 1994 y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en abril de 1997, como una federación de varios grupos regionales de contrainsurgencia. En estos años (1998 y 1999) se intensificaron los ataques contra la población civil siendo las regiones más afectadas Santander, Chocó, Sucre, Antioquia y los valles de Magdalena Medio y el Cauca. Sus actividades, como el mismo jefe de AUC, Carlos Castaño reconoció, eran financiadas por los “principales agentes económicos de las regiones” donde operaban.
Analizando el fenómeno paramilitar en el conflicto colombiano observamos que corresponde a un modelo de “seguridad privada” sobre el que el Estado delega su función coercitiva y en el que todos los ciudadanos han de ser partícipes en la lucha contra el “enemigo común”. Existe un discurso elaborado en el que se sustenta las bases del modelo de Seguridad Nacional lanzado por el Presidente Uribe, y que entra en perfecta consonancia con la historia de estos grupos armados al margen de la ley. La legítima defensa justifica su presencia y convierte la seguridad en una cuestión que compromete a la población en su totalidad.
La “Política de Seguridad Democrática”
Las Cooperativas de seguridad y vigilancia -CONVIVIR- creadas en 1994 con el apoyo del actual presidente, fueron un experimento de lo que hoy es su “Política de Seguridad Democrática” cuya prioridad esencial es la lucha contra los insurgentes y el narcotráfico. Para este fin, su programa combina un incremento de efectivos militares y policiales, con la erradicación de cultivos ilícitos, la concesión de poderes policiales a los militares, y lo que configura los ejes de la participación de la sociedad en actividades de contrainsurgencia: la organización de milicias campesinas y el establecimiento de más de un millón de colaboradores e informantes civiles. Este proyecto traza así una fina línea divisoria entre combatientes y población civil.
La Administración Uribe ha logrado incrementar la seguridad en las carreteras con el apoyo de EE UU, mediante un gran despliegue militar y un presupuesto para Defensa que triplica el de Educación y es el mayor de América Latina. Uribe ha sacado a la insurgencia de los centros urbanos importantes y de los alrededores de las principales vías, pero el conflicto se desplaza a zonas rurales. La guerrilla empieza a recuperar posiciones y tiene presencia en 24 de los 32 departamentos. El candidato presidencial Juan Manuel Santos ya ha anunciado que continuará con este proyecto de seguridad. Pero tiene un borrón: era ministro de Defensa cuando saltó el escándalo de los «falsos positivos», la ejecución extrajudicial de al menos 1.800 jóvenes fálsamente presentados por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”. El mismo Presidente Uribe, tras conocer la investigación interna del Ministerio de Defensa sobre este hecho, declaró: “Yo he pedido resultados, no crímenes.”
Éste proyecto encaminado al logro de resultados contra “el enemigo” ha contribuido a un flagrante aumento de violaciones de derechos humanos en el país. Las “chuzadas”, espionaje y amenazas al que la agencia estatal de seguridad, el DAS, ha sometido a periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido el último escándalo. Colombia, pese a su “Política de Seguridad Democrática” sigue estando entre lo países con más desplazados internos del mundo, junto a Irak y Sudán, con más tres millones en lo que va de conflicto interno y más de 350.000 refugiados en otros países. En cuanto a las cifras sobre asesinatos de defensores de derechos humanos son inexactas, puesto que no todos pueden vincularse con esta actividad pero sólo la última semana de mayo, dos de ellos fueron asesinados según las Naciones Unidas. El número de desaparecidos forzosos en Colombia en los últimos tres años asciende a más de 38.000 personas que serían víctimas de la violencia de los paramilitares, de los agentes estatales y de la guerrilla, según un informe del Instituto de Medicina Legal.
Podríamos situar los orígenes de las Autodefensas en la doctrina de contrainsurgencia lanzada en los años 1960 por el Presidente norteamericano J. F. Kennedy, destinada a combatir en América Latina cualquier amenaza revolucionaria de inspiración cubana. Por aquel entonces, en 1966 nacían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una asociación armada de campesinos liberales cuyo fin era oponer resistencia a la violenta represión de los escuadrones de la muerte conservadores durante el gobierno de Laureano Gómez. Las bases legales de la participación de civiles en actividades de contrainsurgencia las pondrá el presidente Guillermo León Valencia, quien mediante el Decreto 3398 de 1965, legaliza temporalmente el suministro de armas a civiles por parte del Ministerio de Defensa. Dicho decreto se convertiría en permanente bajo el gobierno de Carlos Lleras, quien en 1968 promulga la Ley 48 que facultaba la creación de patrullas civiles y el suministro de “armas de uso privativo de las fuerzas armadas”. Pese a que la Corte Suprema declaró esta ley inconstitucional en 1989, estos grupos de autodefensa siguieron gozando de un apoyo generalizado por parte de políticos y de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Pronto, estos grupos paramilitares evolucionaron desde una estrategia de contrainsurgencia inicial a una lucha por intereses de mayor rango, estableciendo nexos de unión con narcotraficantes, élites regionales, terratenientes, grandes empresarios, multinacionales y políticos locales, opositores férreos a toda posible negociación y redistribución de tierras y poder con insurgentes y liberales. Su objetivo por tanto no se limitaba a protegerse de las FARC sino a eliminar toda persona que confrontara sus intereses, incluyendo congresistas, alcaldes, jueces, periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de derechos humanos.
Durante el gobierno de César Gaviria, el movimiento paramilitar recibe un importante impulso. En febrero de 1994, se adopta la ley 356 que autoriza la formación de organizaciones armadas destinadas a actividades de vigilancia e inteligencia, llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, CONVIVIR. Este proyecto de “seguridad privada” fue promovido por el entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, el hoy todavía presidente de la República de Colombia.
Será a finales de los años 1990 cuando los grupos armados de autodefensa comiencen a adoptar una estructura y organización común. La centralización política y militar se logró mediante la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a finales de 1994 y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en abril de 1997, como una federación de varios grupos regionales de contrainsurgencia. En estos años (1998 y 1999) se intensificaron los ataques contra la población civil siendo las regiones más afectadas Santander, Chocó, Sucre, Antioquia y los valles de Magdalena Medio y el Cauca. Sus actividades, como el mismo jefe de AUC, Carlos Castaño reconoció, eran financiadas por los “principales agentes económicos de las regiones” donde operaban.
Analizando el fenómeno paramilitar en el conflicto colombiano observamos que corresponde a un modelo de “seguridad privada” sobre el que el Estado delega su función coercitiva y en el que todos los ciudadanos han de ser partícipes en la lucha contra el “enemigo común”. Existe un discurso elaborado en el que se sustenta las bases del modelo de Seguridad Nacional lanzado por el Presidente Uribe, y que entra en perfecta consonancia con la historia de estos grupos armados al margen de la ley. La legítima defensa justifica su presencia y convierte la seguridad en una cuestión que compromete a la población en su totalidad.
La “Política de Seguridad Democrática”
Las Cooperativas de seguridad y vigilancia -CONVIVIR- creadas en 1994 con el apoyo del actual presidente, fueron un experimento de lo que hoy es su “Política de Seguridad Democrática” cuya prioridad esencial es la lucha contra los insurgentes y el narcotráfico. Para este fin, su programa combina un incremento de efectivos militares y policiales, con la erradicación de cultivos ilícitos, la concesión de poderes policiales a los militares, y lo que configura los ejes de la participación de la sociedad en actividades de contrainsurgencia: la organización de milicias campesinas y el establecimiento de más de un millón de colaboradores e informantes civiles. Este proyecto traza así una fina línea divisoria entre combatientes y población civil.
La Administración Uribe ha logrado incrementar la seguridad en las carreteras con el apoyo de EE UU, mediante un gran despliegue militar y un presupuesto para Defensa que triplica el de Educación y es el mayor de América Latina. Uribe ha sacado a la insurgencia de los centros urbanos importantes y de los alrededores de las principales vías, pero el conflicto se desplaza a zonas rurales. La guerrilla empieza a recuperar posiciones y tiene presencia en 24 de los 32 departamentos. El candidato presidencial Juan Manuel Santos ya ha anunciado que continuará con este proyecto de seguridad. Pero tiene un borrón: era ministro de Defensa cuando saltó el escándalo de los «falsos positivos», la ejecución extrajudicial de al menos 1.800 jóvenes fálsamente presentados por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”. El mismo Presidente Uribe, tras conocer la investigación interna del Ministerio de Defensa sobre este hecho, declaró: “Yo he pedido resultados, no crímenes.”
Éste proyecto encaminado al logro de resultados contra “el enemigo” ha contribuido a un flagrante aumento de violaciones de derechos humanos en el país. Las “chuzadas”, espionaje y amenazas al que la agencia estatal de seguridad, el DAS, ha sometido a periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido el último escándalo. Colombia, pese a su “Política de Seguridad Democrática” sigue estando entre lo países con más desplazados internos del mundo, junto a Irak y Sudán, con más tres millones en lo que va de conflicto interno y más de 350.000 refugiados en otros países. En cuanto a las cifras sobre asesinatos de defensores de derechos humanos son inexactas, puesto que no todos pueden vincularse con esta actividad pero sólo la última semana de mayo, dos de ellos fueron asesinados según las Naciones Unidas. El número de desaparecidos forzosos en Colombia en los últimos tres años asciende a más de 38.000 personas que serían víctimas de la violencia de los paramilitares, de los agentes estatales y de la guerrilla, según un informe del Instituto de Medicina Legal.